Toda una comunidad aborigen devastada y carente de protección en San Ignacio

La comunidad mbya guaraní Chapa’i está literalmente desvastada: sus hombres, mujeres, niños y niñas y su hábitat. En pocos días sus montes con árboles nativos, varias viviendas y su opy (casa de oración) fueron arrasadas por las máquinas y motosierras de la Municipalidad de San Ignacio, después que el intendente renovador Esteban Romero, firmara un acuerdo con el cacique de la comunidad, Damián Rodríguez, a cambio de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y viviendas, aprovechándose de las innumerables necesidades que tienen las 32 familias guaraníes de esa comunidad, como de otras que conforman los pueblos originarios de Misiones.

En Chapa’i habita una luchadora: Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia que dio la primera voz de alarma ante semejante desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).

 

“El intendente ya no respeta ni la Constitución Nacional”
Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pié nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos“.
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que prácticamente los dejaron sin montes nativos. “El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere’i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia“, reflexionó esta mujer guaraní.

Reclamo con tambores frente a la Rosadita y Ecología

El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Fogeler y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), y Erna Nordfors, se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento fehaciente de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.

Acompañados desde la calle por los tambores de La Mamboretá Candombe de la Selva, el grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo contundente reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz –ante la ausencia de la ministra Verónica Derna– junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.

 

“¡Es urgente y necesario que paren las máquinas!”

Ante la explicación de los funcionarios de Ecología acerca de como funciona la burocracia estatal, para tomar una medida al respecto, el diputado Sereno interpeló: “Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa’i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!“, enfatizó Sereno.

Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.

Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hicieron un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.

 

Diputados solicitaron custodia policial para los guaraníes

Al lugar también llegó la diputada provincial, Myriam Duarte, que realiza desde hace tiempo un trabajo social junto a los guaraníes, y acompañó con su firma, junto al legislador y candidato a Diputado Nacional, Martín Sereno, el acta de constatación que redactaron los inspectores. Ambos diputados evalúan hacer una denuncia penal contra el intendente Romero, y solicitaron al ministro de Gobierno una custodia policial para la comunidad porque las familias temen represalias de parte de la máxima autoridad municipal.

Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como “Vigilancia del Parque Industrial”, Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo “al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear“, señaló el empleado municipal.

 


“Este brutal desmonte merece sanción de Ecología y denuncia penal”

El diputado Martín Sereno, repudió el “brutal y violento desmonte en tierras que son habitadas por la comunidad originaria Chapa’í. Acá se violaron todos los derechos, se mire por donde se lo mire. Es un delito grave el que cometió el intendente de San Ignacio, todo lo responsabiliza a él según los dichos de los guaraníes y de personal municipal, de hecho una de las máquinas del parque vial de la Municipalidad quedó en la comunidad cuando llegaron los inspectores del Ministerio de Ecología. El intendente no es dueño de nada y debe respetar la Ley porque es un empleado público, que tiene la obligación de servir a todo su pueblo en general, y a los originarios en particular“.
Romero es el mismo jefe comunal que ya tiene un antecedente judicial por el atropello perpetrado en la comunidad Kokuere’i que está dentro del relevamiento territorial. Es decir que pasó por arriba de los Ministerios de Derechos Humanos y de Ecología, violando  la Ley de Bosques Nativos, los tratados nacionales e internacionales.

 

Quemaron y arrasaron colmenas de Programa de Apicultura del IFAI

Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. “Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa’í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo), también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente“, explicó la profesional.

Destruyeron restos arqueológicos

En ese lugar además, integrantes de la comunidad encontraron restos arqueológicos muy valiosos. Es decir que el intendente Romero como si fuera Atila, conocido como “el azote de Dios”, arrasó con todo lo que había a su paso.

“Algunos de las piezas arqueológicas, las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Esas piezas son previas al período jesuítico“, expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, “a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa’í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y arruinando restos arqueológicos“.

 

2 Ago, 2017 - Guaraníes

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