Los guaraníes, y un Estado casi ausente
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El Eldorado se realizó un encuentro donde se reflejó la situación de los nativos en la Argentina. Para el caso de Misiones, las más de cien comunidades mbya guaraní enfrentan diversas dificultades. En Yabotí, la amenaza de desmonte y de venta del territorio que ocupan.
La presidenta de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena y profesora de derecho constitucional y derecho indígena en la Universidad de Buenos Aires, Silvina Ramírez, sostuvo que el Estado carece de políticas para los pueblos originarios.
La abogada visitó Misiones para participar de “La realidad Indígena en Seminario 3”, organizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, el viernes y el sábado en la localidad de Eldorado.
Durante su presentación, Ramírez contextualizó la situación nacional en relación con las reformas constitucionales que tuvieron lugar durante los últimos 25 años en América Latina. En ese marco, analizó la reforma de la carta magna argentina de 1994, a través de la cual se incorporó una cláusula que reconoce la pre-existencia de los pueblos originarios.
La abogada trazó un análisis comparativo con otras reformas constitucionales en materia indígena; y resaltó las experiencias más progresistas y recientes, de Bolivia y Ecuador, “que dejan muy atrás a la cláusula argentina”, consideró.
A pesar de ello, “como es la herramienta con la que contamos, es muy importante ver cómo puede interpretarse esta pre-existencia, qué significa, cuáles son sus alcances, porque más allá de que es un dato fáctico, de la realidad, que los pueblos originarios estaban aquí cuando llegaron los conquistadores, lo cierto es que es una cláusula jurídica, y principalmente política, porque los convierte en sujetos políticos”.
Ramírez indicó que en el caso de los pueblos originarios, “ha costado mucho conseguir un conjunto de leyes que puedan proteger sus derechos, identificarlos y establecer cuáles y porqué. Por eso necesitamos que se respeten y garanticen. Esta es una deuda que tiene el Estado en todas sus instancias”.
Documento
Un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen advirtió sobre el incumplimiento de las leyes nacionales que ordenan la realización de los relevamientos técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan los pueblos originarios en Argentina, entre los que se incluye a las más de cien comunidades mbya guaraní asentadas en la provincia de Misiones.
El documento denominado “Advertencia sobre la inejecución de las leyes nacionales Nº 26.160 y 26.554. Emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena” sostiene que a la fecha en Misiones se relevó de forma centralizada apenas tres comunidades mbya, asentadas en Alecrín y Kuña Pirú.
El informe también alerta por la situación que atraviesan las comunidades que viven en el interior de la Reserva Biósfera Yabotí: “A las denuncias por actividades extractivas forestales se suma el intento de venta de parte de territorio de comunidades indígenas (Lotes 8 y 9), que a su vez están en la zona de la Reserva”, dice.
Al respecto, indica que “en Dictamen 607/10 del Ministerio de Ecología de Misiones se informa que existe un Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia y la Fundación Frontera Verde para la adquisición y manejo de la futura reserva natural y cultural Moconá, correspondiente al 95 % de la superficie del lote 8 de la Biósfera de Yabotí; y un plan presentado por la Empresa El Moconá S.A. para el desarrollo de un proyecto eco turístico en el 5 % restante del lote 8 y parte del lote 9 de la reserva de Biósfera de Yabotí. (…) Aclara que ‘recién en esta instancia se procederá a informar y a participar del mismo a las comunidades originarias existentes en la Biósfera de Yabotí, en el marco de la normativa vigente’.”
Además, el estudio reseña que el 30 de noviembre de 2010, en ocasión del “Aty Guazú” (diálogo abierto) en Pozo Azul, “se realizó una reunión con la ministra de Ecología Graciela Rovira, su cuerpo de asesores, el representante de fundación Frontera Verde, licenciado Mario Malajovich y un representante de Moconá SA. Las comunidades manifestaron por nota dirigida al Ministerio de Ecología que no están de acuerdo con la venta del lote 8. En otras oportunidades manifestaron nuevamente su negativa abogando por el derecho de propiedad de las comunidades antes que por un proyecto de reserva natural y cultural”.
Agrega que en una reunión gestionada desde el Ministerio de Ecología con el director de Tierras, Juan Manuel Díaz, “las autoridades provinciales manifestaron nuevamente el interés en la viabilización del proyecto como reserva natural y cultural aduciendo que respetaría los derechos territoriales y la autonomía de las comunidades. Las comunidades rechazan la figura por cuanto no reconoce su propiedad y posesión comunitaria. Se oponen además a cualquier intento de venta a un tercero”.
La Ley de emergencia territorial
La Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, fue sancionada y promulgada en noviembre de 2006. Por su incumplimiento en la mayoría de las provincias, fue prorrogada por la Ley 26.554 hasta noviembre de 2013. Hasta ese plazo, se ordena la suspensión de la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios indígenas. Además, la Ley ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cumplir con el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Para ello, “promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes provinciales, Universidades Nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales”, se indica en el artículo tercero.
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