Los aborígenes, a punto de quedarse sin protección legal sobre las tierras que ocupan

En poco más de un mes, cae la Ley 26160 y se abre la posibilidad de desalojo de aborígenes que hoy ocupan distintas superficies de tierra en Misiones y en otros lugares de la Argentina. Un escario que profundiza aún más la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan los originarios, y que sólo puede revertirse si el Congreso aprueba la prórroga de la norma. Y en este recinto, los misioneros Juan Manuel Irrazábal y Salvador Cabral Arrechea se mostraron muy lejos de esa posibilidad.

 

La ley 26.160 –sancionada en el 2006- evita que se ejecuten desalojos de los territorios que ocupan comunidades indígenas. Su vigencia vence el 23 de noviembre próximo. La posibilidad de prorrogarla por cuatro años más fue tema, la semana pasada, en el Senado, donde sus integrantes postergaron el tratamiento. Impulsado por Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur, la votación resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones. Los senadores por Misiones, votaron en forma dispar: Juan Manuel Irrazábal se abstuvo, Sandra Giménez votó a favor y Salvador Cabral Arrechea, votó en contra.

 

Situación en el país

 

La norma establece, entre otras cosas, la realización de un “relevamiento técnico” de la situación nominal de las tierras en donde están asentadas las comunidades aborígenes. Al respecto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -órgano que depende del Ministerio de Justicia- indica que actualmente hay 1600 comunidades identificadas en todo el país. De ellas, hay 423 casos en los cuales culminó el relevamiento y 401 que están aún en proceso.

Las 824 comunidades relevadas o en proceso reclaman 8.414.124 de hectáreas consideradas como “territorios de ocupación tradicional”.

Según datos de la AGN y del  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el 62% de las comunidades poseen conflictos territoriales y un 24% tienen un conflicto judicial asociado a la posesión de las tierras que están ocupando. Por caso, cabe citar la situación de los Qom en Formosa y los Mapuches en el sur argentino.

En Misiones

De no revertirse la prórroga de la Ley, en Misiones se avecina una creciente conflictividad. Así lo advierte Josefa Kiki Ramírez, del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (EMIPA). “Hay muchísima preocupación por esta postergación, sobre todo si se trata de una postergación para negarse a la prórroga. Si va a significar una instancia de mayor reflexión, bueno, pero vemos una tendencia a no querer prorrogarla. Se vendrían situaciones muy difíciles para las comunidades y para el Estado, que deberá enfrentar una creciente conflictividad”, dijo en diálogo con Misiones Cuatro. “Nos parece que los plazos son muy cortos como para empezar a debatir cómo se va a debatir la ley. Para nosotros es una forma de dilatar y no decir directamente que no quieren la prórroga”, agregó.

 

Sobre las presiones para lograra que las comunidades de Kokuere’í y Chapa’í, en sAn Ignacio, dejarán sus tierras, Ramírez contó que “desde EMIPA hubo que recordarle al juez de instrucción 2 de Posadas César Yaya que continúa vigente la ley 26.160”, al tiempo que señaló que “la mayoría de las comunidades están asentadas sobre tierras privadas están en un riesgo muy grande”.

 

¿Cuál es la posición del Gobierno de Misiones? En una entrevista concedida en mayo pasado, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Wellbach, manifestó que “la Ley 26.160 es de territorialidad de los Pueblos Originarios, no de propiedad, por lo tanto el diálogo será el camino para analizar los diversos casos que existen y se puedan resolver los conflictos por los derechos de propiedad, tanto para el privado como para las comunidades. El Estado es quien debe garantizar este derecho, y entendemos que se resolverá solo con el diálogo como herramienta de negociación”, dijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Sep, 2017 - Guaraníes

Dejanos tu comentario