La Ecología como Bien Común

El deterioro ambiental es de tal magnitud que la urgencia de acciones conservatorias reclaman una responsabilidad que va más allá de las buenas intenciones o de lo políticamente correcto.

Por Roque Fessler, abogado, especializado en medio ambiente.

Ya no se puede interpretar el mundo ni la sociedad sin la ecología, por ello resulta ineludible la necesidad de volver al concepto de bien común en la acción política puesto que afecta y compromete a todos.

El deterioro ambiental es de tal magnitud que la urgencia de acciones conservatorias reclaman una responsabilidad que va más allá de las buenas intenciones o de lo políticamente correcto. El bien común exige la prudencia por parte de cada uno, pero en mayor medida de quienes ejercen la autoridad. Por otra parte, lo ecológico ha devenido una ideología impensable sin tener en cuenta las desigualdades sociales. Nada hay más social que la ecología.

El valor conceptual de lo ecológico como responsabilidad social puede inducirse mediante la educación y así comprenderse mejor la idea del bien común, ya que las personas no valen por lo que tienen en el desenfreno consumista, que cada día se acelera a costa de la naturaleza.

Ya no resulta admisible que el principal valor político sea el crecimiento y la acumulación de bienes como si bastaran por sí solos para lograr bienestar o mejorar de la calidad de vida.

Pocas cosas confieren mayor legitimidad al poder que proponer a la sociedad una forma de pensar el futuro. Por ello debemos apuntar al desarrollo más que al crecimiento. El mero crecimiento solo redundará en mayor depredación ambiental, que es tanto como asegurar la miseria futura.
El extraordinario proyecto ambiental que ha representado el Corredor Verde, orgullo institucional de la provincia y único programa ambiental completo, abarcador de actividades productivas ¿ha sido olvidado?

En verdad jamás fue puesto en práctica. El poder no creyó en él más que como un cosmético para exhibir en las ferias. ¿Vamos a desempolvarlo cuando nos quedemos sin agua en los arroyos, sin pájaros, ni peces, ni mamíferos de gran porte y sin tierra fértil?

La autoridad de aplicación no ha cumplido con la ley que establece un “Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable” y ello nos coloca en situación de riesgo moral que es un nuevo concepto económico que describe una situación en la que se decide no colaborar en el mantenimiento de un bien por el hecho de estar asegurado su disfrute para el presente, pero no para el futuro.

Es absolutamente falsa la irresponsable ilusión de que el monte se cuida solo y que perdurará.

¿No es esta la actitud de la autoridad de aplicación? No cumplir el programa del Corredor Verde (entre tantos otros ítems de la ley de áreas naturales protegidas) puede llevar a configurar una ilicitud que comprenda tres tipos de responsabilidad:

A)    La responsabilidad civil: se configura cuando un acto irregular del agente público causa un daño a la Administración pública o a particulares, sus derechos o bienes por acción u omisión. Se encuentra regulada por el artículo 1112 del Código Civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado al respecto una postura clara al sostener que “…quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil.” pues …“la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstos, y deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas”.

B)    La responsabilidad penal: al ser extensiva a todos los ciudadanos, en nada se diferencia la situación del empleado o funcionario público de la de los particulares e incurrirá en delito cuando su obrar u omisión coincidan con el tipo descrito por la norma criminal en el código penal argentino:
Cap. IV – Abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos
Art.248.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Art.249.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial
de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere,
rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

C)    La responsabilidad política: constituye un presupuesto básico y esencial del Estado de Derecho y que hace a la forma republicana de gobierno. Alcanza en general, a funcionarios de un nivel superior cuya gestión queda sujeta a la evaluación de otro órgano, de la cual puede producirse la separación de aquellos de sus cargos. ¿Alguna vez alguien fue separado de sus funciones en Misiones por cumplir mal o incumplir adecuadamente sus funciones? ¿Tan eficientes e idóneos son y han sido nuestros funcionarios?

D)    La responsabilidad administrativa: tiene por objeto sancionar conductas que lesionan el buen funcionamiento de la  Administración Pública, originándose en una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público. La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, aplicable por la propia Administración Pública en ejercicio de poderes inherentes, a las conductas de agentes estatales violatorias de deberes o prohibiciones exigibles, o impuestos, respectivamente, por las normas reguladoras de aquella relación con el fin de asegurar, el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.

La autoridad es moral, imaginaria, no reposa sobre la fuerza bruta ni es una cuestión de músculos ni de número. El nivel de acatamiento es la medida de la legitimidad, por eso la autoridad es una cuestión de creencia y conocimientos. Hoy nos planteamos: ¿debemos exigir las distintas formas de responsabilidad -nunca reclamadas ni hechas valer- ante incumplimientos de gravedad institucional y social tan importantes? ¿Nuestras instituciones poseen la eficacia necesaria para responder a los reclamos de los ciudadanos que asisten impotentes a casos gravísimos de incumplimiento de leyes fundamentales?
Nunca lo sabremos si no lo intentamos.

Rodolfo Roque Fessler

Posadas, Agosto de 2010.

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