La Corte Suprema de Justicia de la Nación votó en base al dictamen jurídico de la procuradora fiscal Laura Monti, en el que la funcionaria aseguró, entre otros argumentos, que no había competencia, en cuanto la provincia de Misiones no aparece en el litigio como demandada, demandante o actora.
 
El recurso de amparo fue presentado por dirigentes del Movimiento Sin Tierra en Proyecto Sur y ambientalistas de Misiones y Corrientes para que se suspenda el llamado de la empresa estatal EBISA a licitación pública nacional e internacional, para el proyecto de construcción de dos represas hidroeléctricas en el río Uruguay: Garabí-Panambí.

El recurso tiene 61 páginas de fundamentos. Los firmantes, Vilma Ripoll y el electo diputado porteño Alejandro Bodart, y los ambientalistas Liliana Seró (Misiones) y Christian González (Corrientes), patrocinados por el doctor Pablo Vicente, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos, afirmaron que de concretarse “el proyecto Garabí-Panambí a través de EBISA, el Estado nacional no sólo violaría tratados internacionales sino derechos básicos de la población: ambientales, a la salud, a la información y de los pueblos originarios. Por eso pedimos a la Corte que ordene suspender el llamado a licitación y todo el proyecto".

“El amparo sigue en pie”

El abogado Pablo Vicente confirmó que para la CSJN “la provincia de Misiones no sería responsable respecto de la toma de cualquier tipo de decisión sobre Garabí sino que toda la responsabilidad pesa sobre el Estado Nacional, obviamente, criterio que no compartimos. Con lo cual, el amparo sigue en pie y habrá que definir la competencia. Seguramente será el fuero civil federal que es donde se tramitan las causas cuando se litiga contra el Estado Nacional únicamente”.

Sobre el lugar donde se presentaría, se mostró a favor de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires y no en Misiones. “En principio, en Buenos Aires, pero tenemos que tener una reunión para definir esta circunstancia”, dijo.

Vicente consideró “previsible” el fallo de la Corte: “Nosotros en todo momento tuvimos en claro que esta es una decisión política que está por encima de lo jurídico. Era una posibilidad que veníamos barajando” y dijo que para él “hay responsabilidad de Misiones compartida con el Estado Nacional sobre Garabí”.